Por José Camejo Suárez
Prensa/Jabeando/10-08-2021.- Desde hace algunos meses hemos venido informando algunos inconvenientes que suelen ocurrir en el entorno turbio del boxeo profesional venezolano, vale citar que no obedecemos a intereses personales contra particularidad alguna, sino que nos hacemos eco de lo que trasmiten los que se sienten atropellados sin encontrar respuestas o soluciones a sus ingentes problemas.
Después de haber revisado algunas fuentes documentales encontramos, como ya lo relatamos antes en Jabeando, que el boxeo profesional venezolano no tiene un instrumento legal vigente que regule su funcionamiento, sin embargo vamos a ser reiterativos hasta llegar al fondo del asunto.
El boxeo profesional venezolano carece de una fundamentación legal que ampare a los afectados y permita el desempeño gerencial eficiente y efectivo de los que otorgan permisos para combatir en el exterior, autorizan las programaciones que frecuentemente tienen lugar en todo el territorio nacional y conducen la administración del boxeo profesional en Venezuela.
Según información obtenida de fuentes testimoniales, que no vamos a citar para no incrementar su dolor y su angustia. Para que un boxeador pueda salir del país a combatir al exterior debe pagar 150$ a la Coordinación de Boxeo Profesional (CBPV), con sede en el Instituto Nacional de Deportes.
No obstante, a este respecto, a nuestro redacción llegó una supuesta tarifa oficial de aranceles titulada “Costos y Sanciones Boxeo Profesional de Venezuela”, sin firma, ni sello, ni fecha, sin embargo, lleva los membretes del “Gobierno Bolivariano de Venezuela”, la “Coordinación Nacional del Boxeo Venezolano” y el “Ministerio del Poder Popular para la Juventud y el Deporte”.
En esta relación de pagos se observa los montos que deben aportar los accionantes del boxeo para estar solventes, entre otros citamos que para las autorizaciones de combates en el exterior, los permisos de salida serán sancionados al 1% de la bolsa del contrato de la pelea – con un tope mínimo de 10 y máximo de 100$.
Aquí surgen las interrogantes ¿Qué órgano contralor regula estos ingresos? ¿Qué instancia administrativa del estado venezolano recibe estos pagos?
Interrogantes que solamente podría responder la CBPV.
Lo más delicado de esta práctica es que cuando solicitamos la muestra de algún comprobante de pago realizado por los usuarios para sufragar estos conceptos, la repuesta común es “no nos dan recibo…”.
La lista de irregularidades es larguísima, encontramos boxeadores que no reciben el pago del dinero acordado después de haber realizado el combate, pues parece ser que, en algunos casos, suben al ring sin haber firmado el contrato que deben acordar el boxeador, la empresa contratante, y debidamente aprobado por la CBPV. Los combates desiguales siguen siendo la práctica común para abultar el récord y venderlo en el exterior donde los llevan sin importar el peso y el nivel de competencia del contrario y de paso no le muestran al boxeador las condiciones del combate: pago, peso, rounds y la garantía de protección ante cualquier eventualidad.
Es conveniente aclarar que esto se viene dando con algunas particularidades, no todos los promotores del boxeo venezolano están de acuerdo con estas prácticas que suelen llevarse a cabo, según parece, bajo el amparo solapado y desmedido de la CBPV. Que es el organismo encargado por el Estado para evitar que estos dislates ocurran.
¿QUÉ HACER?
Es evidente que para superar esta anarquía es imprescindible que la administración del boxeo profesional venezolano debe estar bajo la responsabilidad de personas idóneas que actúen con criterios profesionales, principios éticos y morales, donde prevalezca la empatía, la solidaridad humana, el respeto al trabajo del otro, entre estos: boxeador, entrenador, promotor, árbitro y juez, variables de un sistema que debe funcionar mediante una fundamentación legal que premie la eficiencia y sea inclemente con la soberbia, el irrespeto y el dolo consecuente del abuso de poder.
Resulta muy infeliz reconocer que el boxeo profesional venezolano carece del fundamento legal para su funcionamiento, y pareciera ser que esta negación no es importante, a nuestro juicio una ley orgánica del boxeo profesional sería lo más conveniente para garantizar el comportamiento armónico, objetividad, transparente y preciso de las variables que interactúan en esta disciplina.
Salvo mejor opinión, de no existir la regulación vigente estamos obligados a actuar bajo el oscuro manto de una gerencia caprichosa, amañada y corrupta.
ACABAR CON EL ABUSO
Para superar esta situación, desafortunadamente anarquizada y ante la carencia de la regulación vigente en el boxeo profesional venezolano es preciso y de urgente necesidad que los boxeadores, entrenadores, promotores, árbitros y jueces se organicen y registren el acta constitutiva y estatutos de la figura jurídica que sea acorde con el trabajo que realizan, lo pueden hacer por sector o por cada una de estas variables y crear un organismo rector que les permita la integración cuando sea necesario.
Nada ni nadie impide registrar asociaciones civiles sin fines de lucro con autonomía propia, estas pueden agruparse en una Federación Nacional, organismo institucionalizado con suficiente estructura muscular para exigir la promulgación de la ley del boxeo profesional y su respectivo reglamento.